Uno de los proyectos de ley que discute el Congreso por estos días es el de la Ley de Sometimiento a la Justicia, que plantea que las estructuras armadas criminales se sometan a la Ley, dirigido a los grupos cuyo objetivo es la renta por los negocios ilícitos, por lo que no se les otorga carácter político ni posibilidad de negociación con el Estado.

De acuerdo con un análisis al articulado el proyecto de ley “por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales y se adoptan medidas para su sujeción a la justicia”, según la página del Congreso, “tiene como finalidad garantizar la terminación del actuar delictivo de las organizaciones criminales a través de dos estrategias”.

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Estas dos estrategias consisten, por un lado, en fortalecer el sistema específico de normas y mecanismos procesales y de investigación que permitan a los fiscales, jueces y servidores con funciones de policía judicial enfrentar de manera oportuna y eficaz a dichas organizaciones. 

El segundo objetivo de este proyecto de ley es definir un procedimiento especial para la sujeción a la justicia de grupos armados organizados, sin que esto signifique en ningún momento, su reconocimiento político o la aplicación de mecanismos de justicia transicional.

De hacerse realidad la Ley de sometimiento, a partir de su sanción presidencial, se establecerá que estas estructuras criminales deben aceptar su responsabilidad penal por todos los delitos que hayan cometido, entregar información sobre sus patrones criminales, ofrecer reparación a sus víctimas.

A cambio de este sometimiento, el Estado les impondrá una pena alternativa de entre seis y ocho años de cárcel efectiva, además de cuatro años de libertad condicional, tiempo en el que deberán realizar acciones de restauración y reparación a sus víctimas.

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El proyecto de ley establece que cualquier integrante de estas bandas que incumpla estas condiciones pagará el máximo monto de la pena correspondiente a los delitos cometidos, perdiendo todas las rebajas y beneficios.

Finalmente, en cuanto a sus rentas criminales, quienes se sometan a esta ley deberán entregar todos sus bienes, y si cumplen, tendrán derecho a conservar el equivalente al seis por ciento de su valor, con un tope máximo de 10 mil salarios mínimos mensuales.

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