Una de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro fue radicar una reforma política que implementara algunos cambios a nivel electoral y de cargos del sector público en Colombia.
La iniciativa ya hace su curso en el Congreso, fue radicada por el ministro del Interior, Alfonso Prada, en compañía de algunos congresistas del Gobierno; y, al tratarse de una ley estatutaria, debe dar ocho debates: cuatro en Senado y cuatro en Cámara.
De ser aprobada y sancionada esta reforma (y además si pasa el control de la Corte Constitucional), se implementarán cinco cambios principales que se empezarían a reflejar en las elecciones regionales que se celebrarán el próximo año en el país.
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El primero de los cambios que traería la reforma política es que a partir de las elecciones de 2023, los candidatos a los cargos como Asamblea y Concejo, y en las legislativas del 2026, para el caso de los aspirantes a Senado y Cámara, se presentarán en el tarjetón como listas cerradas, de tal manera que el grupo se presentará únicamente por el logo del partido político o movimiento que les dé el aval. Es decir, se acaba el voto preferente, en el que se podía marcar logo y número, con lo que se apoyaba a un candidato en específico.
El siguiente cambio tiene que ver con que estas listas, además de ser cerradas, se conformarán de manera paritaria, es decir, un cupo para una mujer, uno para un hombre, y así sucesivamente; de tal forma que del número de curules que se obtengan por votación de la lista, al menos la mitad sean para mujeres.
Entre los ajustes que plantea la reforma política se incluye además la financiación netamente estatal de las campañas políticas, eliminando la posibilidad de que haya conflicto de intereses por recibir dinero del sector privado, o que se cubran los gastos con recursos del aspirante que realiza determinada actividad lucrativa.
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El proyecto de ley contempla además que, con el fin de fortalecer la participación electoral y reducir el abstencionismo, durante dos periodos constitucionales consecutivos se aplicará el voto obligatorio, y el Estado deberá garantizar gratuidad en el servicio público de transporte para esos días.
Otro de los ajustes que habría de hacerse realidad esta reforma, tiene que ver con la doble militancia, ya que según el proyecto, si un concejal, diputado o congresista quiere aspirar a la reelección por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos seis meses antes de la inscripción de la nueva candidatura.
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Otro de los requisitos que tiene esta reforma incluye que quienes quieran aspirar a un cargo de elección popular deberán tener como mínimo una militancia de seis meses dentro de la colectividad, y además se les autoriza por una sola vez en el periodo constitucional migrar a un partido distinto al que los avaló, sin tener que renunciar a la curul.
Este lunes 10 de octubre se tiene programada la votación del debate que se dio la semana pasada en el Senado, completando así la primera ronda de los cuatro debates, para continuar la segunda fase del trámite.
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