El 5 de agosto de 2021 fue sancionada por el presidente Iván Duque la ley 2120 conocida como la ‘ley comida chatarra’, aprobada por el Congreso durante el segundo periodo de sesiones del año pasado, y luego de cinco años de lucha desde las organizaciones promotoras de esa norma para que se hiciera realidad.

Esta ley consiste en que todas las empresas que fabrican alimentos procesados y ultraprocesados, deben tener en sus empaques un sello de advertencia según el nivel de contenido de sodio, azúcares y grasas saturadas que tenga determinado alimento, y que debido a su cantidad pueden ser altamente perjudiciales para la salud. Los sellos deben tener dimensiones apropiadas para que se identifiquen a simple vista y deben estar en la parte frontal de la presentación del empaque.

Aunque todo era felicidad desde que se sancionó y entró en vigencia la ley, desde organizaciones como ‘Red Papaz’, denuncian que, aunque la norma estableció un año transitorio antes de entrar en rigor, han sido muy pocos los esfuerzos por parte de las entidades encargadas para ejercer presión en su efectiva implementación, y advierten que de no tomarse medidas urgentes, la norma podría entrar en rigor sin que muchas empresas la cumplan.

La resolución 810 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud, es la norma encargada de reglamentar la ley, fijando los parámetros concretos para que se haga una efectiva aplicación, sin embargo el Colectivo José Alvear Restrepo, Cajar, solicitó al Ministerio revocarla, ya que, según esa organización “no cumple con lo dispuesto por el texto de la ley comida chatarra”.

Según el Cajar, “en varios supermercados del país se han evidenciado productos con etiquetados circulares positivos y circulares de advertencia en comestibles ultra-procesados como chocolates, dulces, gomitas y galletas, que son confusos y menos útiles para la ciudadanía, mientras varios productos importados ya cumplen con el sello octogonal que es el de mayor evidencia científica y que sí cumple con la misión de advertir sobre el peligro de ingerir en exceso componentes críticos presentes en ultraprocesados y bebidas endulzadas”.

“¿Por qué la industria quiere forzar a usar sellos que no tienen el mismo impacto preventivo en la población colombiana? Es importante que la ciudadanía conozca que la implementación de los sellos octogonales color negro y letras blancas para la comida chatarra es la mejor avalada internacionalmente como etiquetado frontal de advertencia”, afirmó Yessika Hoyos, vocera del Cajar.

Hoyos agregó que en nuestro país es evidente la interferencia de la industria y que los actores privados deben de ser regulados, no actuar como reguladores.

El Cajar destacó que mantienen una solicitud ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el fin de “promover, proteger y recuperar el consumo de alimentos reales provenientes de la naturaleza, con el fin de proteger la cultura ancestral de las naciones y con el objetivo de estimular estrategias que liguen la cadena de producción distribución circulación y consumo de los alimentos nacionales”.

Aunque no se tiene certeza de lo que pueda suceder en estos escasos cinco meses que restan del periodo transitorio, los voceros de las organizaciones promotoras de la ‘ley comida chatarra’ desde ya auguran que para ese momento esta seguirá sin cumplirse, y advirtieron que acudirán a todas las instancias judiciales posibles para que esta norma sea una realidad.